El que lo ha vivido, migrar al extranjero es una decisión muy difícil. Dejar familia, amigos, una vida anterior atrás, con la esperanza de empezar una nueva vida mejor.
Es una realidad que he vivido de primera mano. Mientras en los países americanos no es necesario empadronarse ante las autoridades municipales para acceder a servicios que ofrece el estado, en España, desde tener acceso a la salud pública, ayudas económicas, hasta para posteriormente solicitar un arraigo para la expedición de una tarjeta de residencia, es necesario el certificado de empadronamiento. En el último caso, es el certificado legal válido en que consta que la persona ha vivido en España el tiempo que exigen las leyes para poder regularizar la situación de aquellos inmigrantes que no piden asilo político. Mucha gente a sabiendas de la importancia de este certificado para poder legalizar la situación, aprovechan la coyuntura para cobrar sumas de dinero abusivas a personas que apenas tienen dinero para poder pagar el alquiler.
Para tener un permiso de residencia por arraigo, es necesario el padrón para constar el tiempo vivido en España
Hace unos 2 años, en medio de la incertidumbre después de haberme quedado sin el trabajo en un bar, decidí emprender hacia Madrid, porque uno piensa que en las capitales es donde están las oportunidades, más formas de ganar dinero para el extranjero que está aquí. Pero me di cuenta de un panorama difícil respecto a conseguir allí un lugar para vivir. En Madrid, aparte de la dificultad que tienen los inmigrantes para encontrar una habitación y la especial preferencia de los dueños por alquilarles a mujeres, muchos dueños de piso cobraban en promedio, 400 euros, y fuera de eso uno o dos meses de fianza. Es decir, estamos hablando de 1200 euros. En aquella búsqueda, les preguntaba si el empadronamiento venía incluido, a lo cual respondían, en varias ocasiones y personas distintas: no viene incluido. Algunas decían: sí quieres que te empadrone debes pagarme, en donde hay gente que tiene el descaro de cobrar hasta 500 euros. O sea, aparte del mes de alquiler, la fianza, también hay que pagarles por el empadronamiento. Muchos inmigrantes no denuncian debido a las circunstancia de desventaja social y marginalidad social que sufren y muchas veces los arrendadores terminan actuando impunemente.
En Madrid buscaba en sitios como Idealista y recorría locutorios buscando habitaciones, en donde a parte de la preferencia por alquilarle a mujeres, en la oferta había muchos arrendadores que cobraban a parte de fianzas, también abusivas cantidades de dinero por empadronar.
A lo último, tuve que regresar a Azpeitia porque por lo menos tenía personas conocidas que me empadronaban y evitaba perder casi un año de padrón.
Ahora vayámonos a la Ley 4 de 1996, de 10 de enero y específicamente el artículo 15 en donde dice que “Toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida actualmente”. Cuando dice “toda persona” quiere decir que es sin importar si es un nacional o un extranjero y cuando dice que “está obligada” quiere decir que es de obligatorio cumplimiento. Pero cuando esa persona que debe empadronarse queda a merced de un tercero, y éste último se niega hacerlo o lo hace a cambio de dinero, este al ser el propietario o arrendatario del piso o inmueble, es el que está cometiendo el delito y privando a la otra persona de los servicios y beneficios que el estado ofrece. Esto es algo injusto, porque es una obligación de ley, no un negocio descarado para ganar dinero, o porque al arrendador no le da la gana ¿Hasta ahora donde están los ayuntamientos y autoridades haciendo control de este tipo de hechos que se presentan? ¿Porqué no establecen mecanismo en donde la gente no quede excluida de los servicios ofrecidos por estar empadronado y la posibilidad de que muchos extranjeros puedan tener el tiempo para regularizar su situación y se evite así la exclusión?
Hay arrendadores que convirtieron los empadronamientos en un negocio descarado y abusivo.
Existen inmigrantes que no están empadronados, que a parte de que están por fuera del sistema público de salud, ni tener acceso a ayudas sociales, llevan años viviendo en España sin poder constatar legalmente su tiempo de estadía, sin contar con las innumerables trabas que hay a nivel legal en la consecución del permiso de residencia.
Cuando decidí llegar a España sin papeles, sabía que iba a ser todo un desafío, después de indagar previamente a lo que me enfrentaba, era consciente de las privaciones que tenía que afrontar, como no tener acceso a una cuenta en un banco o no poder trabajar con todas las garantías de ley en la clandestinidad. Sobre la marcha me di cuenta, que hay gente que se aprovecha de la necesidad de los migrantes para explotarlo y pagarle lo que les da la gana, y tener una vida de persona marginada social. Es por eso, que muchos, al igual que yo, se afanan por empadronarse, con la esperanza de que cuando llegue el momento de solicitar un arraigo social, que es el más solicitado, puedan dejar de ser ciudadanos de segunda clase y acceder a derechos que son tan importantes, como el de trabajar, abrir una cuenta en un banco, tener un permiso de conducir y vivir en mejores condiciones. Hay gente que no es consciente, que muchos salen de su país por la desigualdad que se viven en sus lugares de origen, por ejemplo, como la violencia crónica y la aguda desigualdad socioeconómica que ha habido en Colombia, las severas dictaduras de Venezuela y Nicaragua, en donde las personas que están aquí, no es por su propio gusto y capricho, tan solo quieren comenzar una nueva vida trabajando honestamente, porque en su propio país no les funcionaron las cosas, poder aportar algo constructivo a la sociedad a la que llegan y mejorar su vida. Pero la gente que tiene la potestad de ir a un ayuntamiento y empadronarlos, lo único que le importa es ganar dinero, o con lo que investigué de primera mano en Lanbide, que por cada persona empadronada descuenta un porcentaje del RGI, hay algunos que no empadronan que porque no les conviene recibir menos dinero. Esta gente evade o desconoce que es una obligación, abusando de las circunstancias y convirtiendo en un negocio lucrativo algo que es de su deber hacerlo, mientras que los gobiernos locales y nacional no han hecho nada para remediar el problema hasta el momento.